I
En un enorme esfuerzo editorial mundial, el pasado año de 2007 salió al mercado el último libro de la periodista canadiense Naomi Klein, La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre, reconocida por su anterior obra No Logo. Esta vez, se lanza con un extraordinario análisis del impacto de la globalización y los execrables lineamientos que se cocinan en las altas jerarquías políticas mundiales, de la mano de las empresas multinacionales, para implantar la apertura indiscriminada y a la fuerza de los mercados mediante políticas cuestionables en todos los aspectos.
Klein establece que una guerra, un golpe de Estado, un ataque terrorista o un desastre natural provocan un estado de shock entre la población, lo que limita su capacidad de percepción y de respuesta. Es el momento justo que se debe aprovechar para establecer las reformas necesarias para la implementación de políticas económicas que en otro momento serían rechazadas de inmediato. El triste ejemplo y laboratorio del capitalismo de shock es el golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973.
La idea del libre mercado sin regulaciones, donde el Estado sea un elemento cada vez menos participativo, se ha aplicado en todo el mundo bajo la dirección intelectual del economista estadounidense Milton Friedman y la llamada Escuela de Chicago de economía. En América Latina se le conoce como neoliberalismo.
La apertura desmedida de los mercados es fruto de la idea del capitalismo sin restricciones. Entre menos se interfiera en el “proceso natural” del capitalismo, es decir, sin ninguna interferencia en el juego del capital, el sistema se desarrollará de manera tal que la acumulación de riqueza en pocas manos comenzará a desbordarse hacia la base de la sociedad. Desgraciadamente, la implantación violenta del neoliberalismo ha tenido como consecuencia un aumento impresionante de desempleo y de pobreza extrema. Al paso de los años, la cascada de excedentes que se había presupuesto, jamás ha llegado a los pobres. Eso sí, las cifras de mil millonarios esta detentada en pocas manos, mientras las de pobres ha crecido en forma exponencial, precisamente en aquellas zonas donde las desigualdades sociales son más profundas.
Al respecto Klein realiza un interesantísimo análisis de la situación de shock provocada por el Consenso de Washington, el FMI, BM y la CIA en Chile, Argentina y Bolivia mediante golpes de Estado o la quiebra de la economía nacional y la implantación de un estado de terror. El caso de México es tratado someramente, y no porque no lo mencione. Simplemente, como ella lo indica, en los países de un solo partido en el gobierno fue mucho más fácil implantar las reformas neoliberales que quebraron al estado desarrollista.
En Argentina, el país latinoamericano con mejor nivel de vida hasta el inicio de los años 70, fue condenado al shock político-económico con la toma del país por la Junta Militar en 1976. De igual forma que Chile con el dramático bombardeo a la casa de La Moneda, los militares argentinos se preocuparon por llevar a cabo una política de terror mediante las desapariciones, los escuadrones de la muerte y todo un manual de tortura desarrollado por la CIA en los años 50, perfeccionado en Chile y llevado puntualmente en Argentina. El apoyo de los militares a las compañías privadas fue absoluto (baste mencionar que la compañía Ford regalaba al gobierno militar los Ford Falcon negros en los que se llevaban a cualquier sospechoso contra el régimen). El país fue quebrado y su población disminuyó en forma considerable sus patrones de vida. El endeudamiento del Estado fue impresionante y la Junta, con el apoyo del FMI y el BM, se encargó que la deuda pasara íntegra al nuevo gobierno democrático en 1982. La forzosa herencia de la deuda permitía a esas instituciones limitar el poder de movimiento del nuevo gobierno.
II
En México, la implantación del neoliberalismo y de la doctrina de Friedman comenzó en los años 70. Al igual que el resto de América Latina, en México se había presentado un enorme crecimiento industrial gracias a una política de protección a la industria nacional y a las grandes ganancias que reportaba el petróleo. Sin embargo, ya a fines del periodo de López Portillo, la crisis petrolera y los intereses de la deuda externa pusieron en serios aprietos al Estado mexicano. La primera gran crisis económica mexicana apareció bajo la luz del neoliberalismo. A esto se suma el comienzo de la apertura del mercado mexicano a los productos internacionales, particularmente de los Estados Unidos. En 1979, México había desregulado algunas barreras arancelarias; cuestión que se incrementaría en 1986 con su entrada al GATT. Las empresas nacionales, tanto privadas como públicas, sufrieron la terrible presión de artículos a bajo precio provenientes del exterior.
Al mismo tiempo, las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) se iban recrudeciendo para servir a los grandes capitales. Los países que solicitaban préstamos para soportar las crisis inducidas desde el exterior, eran sometidos a grandes presiones para que los gobiernos aplicaran las reformas al Estado que Friedman y los Chicago Boys consideraban necesarias para unas finanzas públicas sanas. Y sólo entonces poder dar luz verde al flujo de crédito internacional: los países tenían que dar apertura a sus mercados, privatizar las empresas estatales, reducir el gasto público y establecer una legislación “competente” en materia laboral. La apertura a los capitales golondrina se daría en forma espectacular años más tarde bajo el gobierno salinista; tan espectacular como su salida de la Bolsa Mexicana de Valores con destino a Asia.
La venta de las empresas públicas mexicanas, con el pretexto de su incapacidad para competir -si no es que se exponía sin reparos la innecesaria actividad estatal en esas áreas-, arremetió durante Miguel de la Madrid, cuando el Estado mexicano se deshizo de aproximadamente mil empresas públicas. Esta venta de empresas estatales provocó que miles de personas quedaran sin empleo de la noche a la mañana y fuesen recontratadas –si la reingeniería lo permitía- bajo otras condiciones laborales. Las prácticas de contratación laboral se fueron haciendo cada vez más laxas hasta presentar esquemas por demás abusivos como la carencia de un contrato fijo, la contratación por periodos cortos de empleo, el uso de “contrato” por honorarios, la doble contabilidad para evitar el pago de utilidades, la evasión del registro ante el IMSS y en el otorgamiento de las prestaciones de ley, seguido de un largo etcétera. Eso sí, se apegaban estrictamente a un bajísimo salario mínimo que no cubría –ni cubre hoy día- ninguna de las necesidades básicas del trabajador.
Por supuesto, la aplicación de la doctrina Friedman en México tenía la facilidad del partido único gobernante. Este equilibrio favorable a las instituciones extranjeras y al poder interno de los varios millonarios que estaban haciendo fortuna a costa de millones de pobres, se vio tambaleante cuando en 1988 la izquierda iba a la cabeza en las elecciones presidenciales. Por un infortunado “problema técnico” en el sistema del IFE, el partido en el gobierno obtuvo de nuevo la victoria y la consecuente aplicación de las normas de la Escuela de Chicago.
Con Salinas de Gortari, los lineamientos del FMI y BM se hicieron más visibles. La autonomía del Banco Central (uno de los lineamientos de Friedman y cuyo gobernador continúa en el poder ¡desde 1998!), la emisión de una nueva moneda para controlar la inflación y evitar brotes masivos de protesta, la liquidación de las empresas públicas del ramo de las telecomunicaciones y las concesiones a empresas privadas para el manejo de carreteras (después rescatadas con dinero público), los bancos (también rescatados con dinero de los contribuyentes) y un largo etcétera. Los resultados: la creación de fortunas individuales catalogadas entre las más importantes del mundo (y la primera de América Latina), el aumento de la pobreza a niveles del 60% de la población (aunque en el peor momento de la crisis de los 90 el porcentaje fue mucho más alto y muchos mexicanos entraron en el umbral de la pobreza extrema), el aumento del “excedente” de mano de obra que tuvo que emigrar a EU, el consecuente aumento de la violencia y la inseguridad, además del crecimiento de las prácticas de corrupción que van aunadas al capitalismo sin restricciones como lavado de dinero, fraudes multimillonarios, compra de empresas públicas a precios muy por debajo de su valor real, clientelismo, asignación de obras públicas bajo esquemas sospechosos…
III
Las historias de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón no difieren en absoluto. Ernesto Zedillo lidió con la crisis del peso mexicano: el “error de diciembre”, que era la consecuencia de la política económica internacional: la fuga masiva de capitales que carecían de regulación alguna. Para los 90, los mercados asiáticos prometían mucho más que los latinoamericanos.
El nefasto sexenio de Vicente Fox no sólo remató con las funciones del Estado –sobre todo por su incapacidad de gobernar- , sino que ligó en forma abierta y descarada la política económica interna con los lineamientos ejecutados por su “amigo” Bush –el presidente con mayor énfasis en el libre mercado sin restricciones de los Estados Unidos-.
Las elecciones de 2006 abrieron las posibilidades de cambiar la pésima situación de millones de mexicanos. Por desgracia, los muy cuestionados y cuestionables resultados mantuvieron en el poder a los políticos del neoliberalismo. La línea dura de los ricos más ricos, el Consejo Coordinador Empresarial, aplicó en forma más que descarada los recursos económicos que le sobran para enviar mensajes mediáticos de miedo a la población. La idea de que Andrés Manuel López Obrador subiera el poder era –por supuesto sólo en el papel- una oportunidad para romper con la imposición del capitalismo sin restricciones y el fin de las ganancias a costa de la explotación masiva y sistemática de millones de mexicanos y el uso del Estado para el beneficio privado. Se esperaba que, como el resto de América Latina lo estaba -y está haciendo-, triunfara el partido de izquierda (aunque sobre los ideales políticos del perredismo me mantengo al margen). Sin embargo, en esta ocasión, como en muchas otras, México fue siempre del lado contrario de los sucesos en Latinoamérica.
Aún existen empresas públicas de vital importancia para la economía del país; son las empresas estratégicas que los capitales internacionales están ansiosos por comprar: petróleo, electricidad, sistema de aguas, siguen en la lista de liquidación. En meses pasados ya el gobierno logró el cambio legal para la apertura de algunas áreas de Pemex a capitales privados. Es sólo un paso en la posterior venta de la mayor paraestatal.
Pero los requerimientos internacionales de una “sana política económica” no sólo se centran en la privatización sino en la reforma estructural de áreas de apoyo al sistema como una legislación laboral que genere trabajadores “más competentes”. Ello quiere decir que la ley debe permitir los despidos masivos, la eliminación del salario mínimo y de prestaciones “costosas” para las empresas, además de un pretendido aumento de 8 a 10 horas de trabajo. Por supuesto, las consecuencias son la figura endeble del trabajador, salarios con capacidad de compra cada vez menor gracias al ajuste a los esquemas salariales y laborales al mundo “competitivo” de Asia o Centroamérica. Eso sin olvidar del control histórico del Estado sobre los sindicatos: a través de ello se ha podido constatar más de una vez la declaración de la ilegalidad de huelgas para evitar la confrontación con el capital bajo la amenaza de su salida del país.
La reforma a la ley del ISSSTE es resultado de otra de las peticiones del FMI con respecto a las pensiones, por no hablar de la consolidada, años atrás, privatización de las pensiones del IMSS en las Afores.
No hay que olvidar, de ninguna manera, los aspectos de educación y sanidad. La sostenida huelga en la UNAM del 99 y las demandas por seccionar la universidad y abolir la gratuidad de la instrucción pública, son conceptos importantes en las políticas neoliberales y que urgen las instituciones financieras internacionales.
Estas líneas se puede observar en las patéticas propuestas de vales de educación y sanidad del Partido Verde Ecologista, por no mencionar la ilógica postura de un partido supuestamente ecologista con la pena de muerte. En lugar de que los diputados y senadores laboren porque el Estado logre el mejoramiento de la educación y el servicio médico, abogan porque aquél se desentienda de una de las tareas más importantes que debe mantener. El uso de vales del Estado no es otra cosa que canalizar el dinero público destinado al cumplimiento de dos importantes rubros de actividad gubernamental a la iniciativa privada. ¿Quién será el beneficiado con millones de pesos del erario público para la compra de medicamentos en farmacias privadas y a precio de mercado?
En consecuencia, habrá que pensar muy bien por quién se vota en estas elecciones para que el Poder Legislativo esté lo más equilibrado posible y pueda limitar la liquidación del Estado mexicano.
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